La amnistía del 77 y la Querella Argentina

En julio de 2021 se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Memoria Democrática que abrió un debate importante en torno a la impunidad del Franquismo y el trato dado a las víctimas al comenzar la Transición. En noviembre de este mismo año, el Gobierno ha presentado una serie de enmiendas referidas al proyecto de ley que matizan algunos puntos de la misma y entre los que encontramos el cambio de nombre del Valle de Los Caídos a Valle de Cuelgamuros, la supresión de títulos nobiliarios otorgados durante la Dictadura y se abre la puerta a juzgar algunos crímenes franquistas. ¿Por qué en 2021 estamos hablando de juzgar crímenes que tuvieron lugar hace más de 40 años?

Si queremos entender por qué seguimos hablando en España a día de hoy sobre los crímenes cometidos durante el Franquismo hemos de remontarnos a 1975, cuando se inicia la Transición y todos los cambios que trajo. Muchos fueron los temas político, sociales y económicos que se pusieron sobre la mesa para debatir e intentar llegar entre todas las fuerzas políticas a un acuerdo o pacto común. Uno de estos debates versó en torno a qué hacer con los presos políticos, los exiliados y los crímenes y delitos cometidos durante la Dictadura y la Guerra Civil. La conclusión llegó en 1977 con la Ley de Amnistía.

Como amnistía entendemos perdón y olvido. ¿Fue lo correcto para sentar las bases de la democracia española? ¿Cómo se puede construir un estado democrático pasando por alto crímenes contra la ciudadanía perpetuados durante 40 años y que quedan impunes? Sin duda, el modelo de transición español ha sido más bien singular. Si miramos otros ejemplos cercanos en el tiempo vemos que, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo los Juicios de Núremberg y Tokio; tras las Guerras Yugoslavas, se constituyó el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia; Tras el Genocidio de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Pero no solamente se tomaron medidas legales tras el fin de una guerra. España no es el único país en el mundo que tras una dictadura se establece una ley de amnistía. Tal es el caso de Argentina, por ejemplo, con el establecimiento de la Ley de Punto Final en 1986 mediante la cual se amnistiaba a aquellas personas del régimen dictatorial que habían participado en delitos y crímenes. La diferencia con España es que esta ley de Amnistía se derogó 12 años más tarde. ¿Por qué en España no?

Como precedentes de la ley de 1977, encontramos aun en plena dictadura el Decreto Ley de indulto de 1969 mediante el cual se perdonaban los delitos cometidos antes de abril de 1939, es decir, los que tuvieron lugar durante la Guerra Civil ya que el parte de finalización de la misma se firmó el 1 de abril de 1939. Gracias a este indulto muchos pudieron volver a España tras un largo exilio y, además, muchas personas que habían permanecido escondidas por miedo a la represión salieron de sus casas.

La ley de Amnistía formó parte de la Reforma Política llevada a cabo en los primeros años de Gobierno de la Transición y como antesala a la misma cabe destacar el Decreto ley de Amnistía parcial aprobada en 1976 por la cual se amnistiaba a algunos presos que estuvieran encarcelados por motivos políticos.

Pero la amnistía total llegaría un año más tarde. La ley de Amnistía fue aprobada en octubre de 1977 con la mayoría parlamentaria dada con los apoyos de UCD, PSOE, PCE y los partidos nacionalistas vasco y catalán. Se estipulaba por ley que quedaban amnistiados «Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas», «los delitos de rebelión y sedición», «los actos de expresión de opinión», «la objeción de conciencia a la prestación del servido militar», «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público» y «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas» entre otros.

En resumen, esta ley eximía (y exime, dado que sigue vigente) de las responsabilidades jurídicas y penales relativas a acciones políticas y sociales así como a los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Régimen Franquista. Gracias a esta ley, muchos presos políticos que habían sido encarcelados por sus ideales o acciones menores pudieron salir de las cárceles, pero entonces se puso a la altura el perdón por tener unos determinados ideales políticos con el hecho de haber cometido crímenes de lesa humanidad, torturas y violaciones de los Derechos Humanos llevadas a cabo por un Gobierno.

Se permitió que de forma legal convivieran victimarios y víctimas en un modelo de sociedad moderna y democrática creada ex novo, entre todos y para todos.

Ley de Amnistía: El germen de la impunidad fascista: 40 años de la Ley de  Amnistía | Público

Muchos fueron los grupos políticos y asociaciones que pidieron esta ley de Amnistía, que la apoyaron fervientemente alegando que era lo que necesitaba España para empezar, ahora sí, desde cero. La parte que la apoyaba exponía que lo mejor era el olvido y el perdón para que no se volviera a repetir, e incluso, a lo largo de estos años, muchos han alegado (y siguen alegando) que había pasado mucho tiempo y los sujetos habían muerto o los delitos habían prescrito.

Pero el olvido no funcionó. Se comenzó a cuestionar la política de la desmemoria.

Muchas víctimas seguían reclamando su derecho a la justicia y es así como se pidió la derogación de esta ley en numerosas ocasiones hasta llegar a recurrir a los Tribunales Internacionales. Además, intervinieron organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional que pidieron al gobierno español que derogara la ley por ir en contra tanto del Derecho Internacional como de los Derechos Humanos.

PP, CIUDADANOS Y PSOE ENTIERRAN LA REFORMA DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977 –  La Veu Dels Barris

Llamó la atención a gran parte de la ciudadanía que desde finales de los años 90 y principios de los 2000, desde los tribunales españoles se llevaron a cabo juicios contra delitos de genocidio y de lesa humanidad a nivel internacional (Argentina, Chile, Guantánamo…) . ¿Por qué no se ponía la mirada en el problema español y la justicia se centraba en otros países? Tras el famoso arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998 llevado a cabo por el Magistrado Baltasar Garzón, muchas organizaciones iniciaron trámites ante la justicia y fue en 2006 cuando se presenta una querella en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional para juzgar homicidios y desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y los primeros años del Franquismo. Era Garzón quien presidía dicho Juzgado y quien abrió una investigación para juzgar responsabilidades. Pero en 2008, habiendo sido ya lanzada la primera ley de Memoria Histórica en España (2007), el Tribunal Supremo declaró a Garzón incompetente para juzgar estos hechos y fue acusado de un delito de prevaricación por lo que finalmente se cerró el caso en 2012 apoyándose en la Ley de Amnistía de 1977.

Familiares de 20 víctimas gallegas del Holocausto se suman a la querella  argentina contra el franquismo
María Servini

Las víctimas, al ver que la justicia española cerraba la puerta una y otra vez a la investigación de los crímenes del Franquismo, decidieron acudir a la justicia internacional. El 14 de abril de 2010 se presenta en los tribunales de Buenos Aires una querella para investigar los crímenes de lesa humanidad y el «Genocidio» llevado a cabo durante la Guerra Civil y, especialmente, durante la Dictadura Franquista. Esta querella se conoce como Querella Argentina. María Servini, la jueza que llevó el caso, amplió los años que había cogido Garzón para juzgar y la nueva investigación ocupó todos los años del Franquismo hasta bien entrados los años 70 con la finalidad de poder juzgar a alguien que siguiera vivo. Además, María Servini alegó que al ser crímenes de lesa humanidad no prescriben por lo que pueden ser juzgados. A pesar de que la jueza mandó algunas órdenes a nivel internacional de busca y captura de algunos criminales (en 2013 y 2014), la justicia española volvió a bloquear estas acciones alegando la prescripción de los delitos y amparándose, una vez más, en la ley de Amnistía de 1977.

Muchas son las organizaciones, ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos que han llevado a cabo movimientos de protesta y acciones para intentar llegar a la verdad, la justicia y la reparación desde 2010. La lucha se centra en que se juzgue a los criminales, se exhume a las víctimas de las fosas y las cunetas y se entreguen a las familias, el robo de recién nacidos,…

Se pone muchas veces el énfasis desde los medios y muchos grupos parlamentarios en que ha pasado mucho tiempo para juzgar los crímenes. Pero es que hay familias y víctimas que siguen esperando una respuesta. Están esperando hacer justicia o recuperar lo poco que queda de un pasado muy lejanos para algunos pero que para otros es una mochila pesada con piedras que llevan arrastrando décadas. Se debe hacer justicia, poner el foco en los crímenes cometidos durante la dictadura de la que no hace tanto tiempo, relativamente. El ejemplo más sonado que han destacado varios grupos políticos como Unidas Podemos, entre otros, ha sido el de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Este ex policía no cometió los crímenes ni durante la Guerra Civil ni durante los primeros años del Franquismo. Sus delitos tuvieron lugar en los años 70. ¿Por qué permitió España que muriera con las medallas otorgadas al mérito y al honor a pesar de haber sido denunciado por cometer delitos de tortura? Y no ha sido el único caso.

¿Hasta cuándo? ¿Se podrá hacer justicia finalmente a las víctimas con la nueva Ley de Memoria Democrática o inevitablemente terminarán cayendo en el silencio y en el olvido perpetuo hasta convertirse en interrogantes en las páginas de los libros de Historia?

PARA SABER MÁS

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

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